Control de la naturaleza y Pueblos Indígenas: un análisis del proyecto constitucional rechazado

RESUMEN: La Constitución chilena de 1980, impuesta por la dictadura cívico‑militar, es reconocida internacionalmente como un caso extremo de neoliberalización de la naturaleza. Este modelo, sustentado en la propiedad privada, el libre mercado y la restricción del rol estatal, generó profundas asimetrías en el acceso y control de los recursos, dando origen a múltiples injusticias ambientales y conflictos. Estas tensiones estuvieron en el centro del estallido social de 2019, que abrió el camino a un proceso constituyente para reemplazar la Constitución. Durante ese proceso, las demandas indígenas de autodeterminación y control territorial se entrelazaron con las luchas ambientales, configurando un campo de fricción constituyente. En este artículo analizamos cómo la propuesta constitucional incorporó categorías jurídicas innovadoras–como los derechos de la naturaleza, los bienes comunes naturales y el buen vivir—, pero también cómo éstas chocaron con posiciones ambientalistas y con estereotipos sobre lo indígena. En particular, expandimos la crítica al imaginario del ‘nativo ecológico’ hacia un terreno constitucional. Argumentamos que el rechazo del texto en 2022 refleja no solo la persistencia del modelo neoliberal, sino también los límites y posibilidades de articular agendas de justicia ambiental y autodeterminación indígena en escenarios de cambio constitucional.